Valdír da Silva Bezerra
La relación entre poder económico y coerción se ha convertido en una de las principales características de la política de sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Partiendo de su posición hegemónica en el escenario global, Washington y Occidente han utilizado las sanciones como principal herramienta geopolítica contra sus actuales adversarios.
Ciertamente, la influencia de estas sanciones tiene un impacto no despreciable en la situación interna de los países afectados. Actualmente, cuando las economías nacionales se encuentran en un alto nivel de integración con las cadenas comerciales globales, el uso de la guerra económica empleada por Estados Unidos y sus aliados se convierte en un elemento importante en su confrontación con los Estados insumisos.
A su vez, desde la Guerra Fría, el uso de sanciones por parte de Occidente ha tenido como objetivo desempeñar un papel limitante en las políticas internas y exteriores de países seleccionados, imponiendo altos costos económicos y sociales a su desarrollo.
Las sanciones van desde la cancelación de acuerdos comerciales y la congelación de activos (como ocurrió con Rusia en 2022), hasta prohibiciones de viaje y muchas otras restricciones financieras. En cualquier caso, independientemente de la forma que adopten, el uso de sanciones unilaterales como forma de coerción es una decisión ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.
Además de los propios estadounidenses, las democracias occidentales de la Unión Europea y Japón (en resumen: los países del G7) son los principales ejecutores de las sanciones en todo el mundo. Motivados sobre todo por el deseo de obligar a las naciones objetivo a actuar de acuerdo con sus dictados, los países occidentales se convierten en los principales responsables de desestabilizar la situación interna de varios gobiernos locales. Esto sucede porque esta política de sanciones suele afectar a toda la población del país, en lugar de estar dirigida exclusivamente a sus élites. Por tanto, de ello se deriva su carácter altamente antidemocrático e inmoral.
Además, la eficacia de las sanciones económicas a la hora de modificar el comportamiento de los Estados objetivo es muy discutible. Tampoco es raro que los gobiernos que las imponen acaben sufriendo el efecto búmeran de su uso, como ocurrió con las naciones europeas a partir del año pasado tras sancionar a Rusia, al presenciar escenarios de alta inflación y cambios en los precios de la energía en el continente.
Sin embargo, la relativa degradación de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por las sanciones socava el falso discurso occidental en defensa de los derechos humanos. Después de todo, está más que claro que aplicar sanciones económicas unilaterales contra un país es una de las violaciones a los derechos humanos más graves jamás conocidas.
En cualquier caso, el objetivo político de Washington y sus aliados sigue siendo ejercer presión sobre los gobiernos que llevan una política exterior independiente, obligándolos a actuar según sus dictados y preferencias. Un ejemplo de ello son las sanciones que llevaron a Irán a firmar el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, en virtud del que Teherán terminó aceptando regulaciones estrictas sobre su programa nuclear. Además de Irán, las economías de América Latina también formaron parte de este círculo vicioso
Aunque las circunstancias y los resultados específicos variaron, el denominador común fue que tales sanciones causaron sufrimiento a la población civil de los países latinoamericanos, provocando estancamiento económico e inestabilidad política.
Tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, que se encuentra bloqueada por Estados Unidos desde los años 60. Esta situación tuvo un impacto desastroso en la economía de la isla, limitando su acceso al mercado internacional y crediticio, obstaculizando así su desarrollo económico en posteriores décadas. Aunque el Gobierno cubano modificó algunas de sus posiciones más radicales después del final de la Guerra Fría, las sanciones estadounidenses contra el país siguen vigentes, lo que provoca que los ciudadanos cubanos experimenten privaciones significativas.
Venezuela, otra nación latinoamericana, también se vio afectada negativamente por las sanciones económicas aplicadas por Washington. En particular, Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela con el pretexto de que Caracas estaba provocando violaciones de los derechos humanos del pueblo venezolano. Sin embargo, parte de la razón detrás de estas sanciones es que Venezuela ha optado por llevar a cabo una política exterior que no responde y es indiferente a los intereses estadounidenses. En cualquier caso, las medidas adoptadas por el país norteamericano tuvieron un impacto muy negativo en la economía venezolana, provocando crisis de hiperinflación, escasez de alimentos y emigración masiva de sus ciudadanos a los países vecinos.
En resumen, una cosa que está clara es que, a pesar de estar dirigidas retóricamente contra los gobiernos, las sanciones impactan mucho más a las poblaciones y a los ciudadanos comunes, exacerbando los problemas locales en lugar de resolverlos. Después de todo, el aislamiento casi total de un país de los mercados internacionales, especialmente en el contexto actual de integración global en el que vivimos, no puede tener otro resultado que un desequilibrio sustancial en la economía local, afectando así el futuro de sus residentes.
Actualmente, las sanciones draconianas impuestas a Rusia como resultado de su operación militar especial que comenzó en 2022, restringiendo el acceso de Moscú a sus activos en instituciones financieras controladas por Occidente, no han hecho más que acelerar el movimiento global hacia la desdolarización y la implementación de transacciones comerciales en monedas locales.
A medida que otras naciones se sumen a este proceso, liderado por los BRICS, tendremos una situación en la que las sanciones aplicadas por las naciones centrales del sistema perderán peso, incapacitando al G7 para continuar con su chantaje a nivel internacional. Bien merecido, porque al violar durante años el derecho internacional y las normas de buena conducta, fue el propio Occidente el que contribuyó a la pérdida de legitimidad de su falso orden (que nunca lo fue) basado en reglas.