Por Carlos Santa María
La
derecha latinoamericana, siguiendo las órdenes de EE.UU., busca impedir
la postulación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa a un nuevo
gobierno.
El reciente caso donde se ordena apresar a Rafael
Correa, quien se encuentra en Bélgica, demuestra las estrategias
empleadas por la derecha latinoamericana supeditadas a las órdenes
impartidas desde la Casa Blanca en una clara violación de la soberanía
nacional, las que se hacen efectivas en la política de aprisionar,
atentar o dificultar el regreso a Ecuador del ex presidente, con el
único fin de impedir su postulación a una nueva gobernanza.
En este sentido, la judicialización de la política significa expedir
órdenes de prisión preventiva a través del nombramiento interesado de
funcionarios que interpreten los deseos de gobiernos vinculados a
EE.UU., por encima de los marcos legales y constitucionales, utilizando
la Fiscalía como un arma destructiva y obviando todas las posibilidades
que se otorgan en la presentación personal cuando ésta se encuentra
residiendo con su familia en el extranjero. La rapidez en los
procedimientos de arresto y extradición, no realizado en la justicia
interna con los connacionales, demuestra la persecución a toda costa de
la cual también es parte el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Las tres tácticas más utilizadas para destruir la expresión popular
son: una, golpe militar o desestabilización a través de “pacíficos
grupos estudiantiles-rebeldes” que luchan por la justicia, quemando,
asesinando, ejerciendo terrorismo en su máxima expresión; dos, utilizar
el sistema judicial con el fin de encarcelar políticos progresistas para
impedirles postular a elecciones, o sancionando a todo aquel que se
manifieste por la soberanía del país; tercera, manipulando los Medios
para apoyar las intrigas, conjuntamente con un bloqueo o caos económico
que propicie resentimiento contra mandatarios dignos y nacionalistas.
El caso de Nicaragua y Venezuela es similar al de Siria o Libia,
donde “masas espontáneas” nacen de la presión estatal y se organizan con
armas para supuestamente liberar la nación. Brasil y Argentina son
ejemplos modernos donde la Justicia ya abandonó todo el ideal de
objetividad para parcializarse claramente a favor del sistema colonial
de dominación.
La prisión de Luiz Inácio Lula Da Silva, sin contar con ninguna
prueba sólida, excepto una supuesta propiedad donde la escritura está a
nombre de una empresa capitalista y no del ex presidente, basado en “delaciones premiadas”,
es decir, en mecanismos judiciales fundamentados en acusaciones orales
de empresarios envueltos en tramas de sobornos, se emplea para impedirle
alcanzar la primera magistratura. El caso Amia, donde explotó una sede
judía en Buenos Aires, y cuya investigación demuestra la complicidad de
argentinos e israelíes en ese complot, se traslada a la exmandataria
Cristina Fernández de Kirchner quien encabeza sondeos para regresar.
Chile, incluso, se suma a los intentos del gobierno Trump de atacar a
Venezuela liderando propuestas guerreristas, aunando en su interior la
opacidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo de
Augusto Pinochet al propiciar indultos improcedentes e ilegales. La
condena de los asesinos de Víctor Jara ha sido un duro camino que ha
tardado más de cuarenta y cinco años.
Cabe destacar en este caso la vía jurídica como expresión de las
tendencias dictatoriales pues a fines de diciembre de 1970 Richard
Nixon, su ministro Henry Kissinger, Richard Helms (CIA) y Agustín
Edwards, representando los golpistas chilenos confabulados con el
Congreso y el poder judicial, lograron finalmente quebrar la
institucionalidad democrática del país.
En esta situación se encuentra Honduras, Paraguay y Brasil, donde
presidentes legalmente elegidos son destituidos o nombrados sin
requisitos de ley en una clara manipulación del Congreso, así como el
Senado paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo, quien había
acabado con la hegemonía capitalista violenta.
¿Enseña EE.UU., con experiencia comprobada, a corromper la justicia?
El gobierno estadounidense tiene una experiencia comprobada en
corromper la justicia, hasta tal punto que el prócer Simón Bolívar
alertó sobre la forma corrupta de actuar de dicho ente en contra de
América.
Actualmente, utilizando presuntos juicios políticos con la finalidad
de mermar la popularidad de presidentes demócratas para alejarlos de los
cargos públicos y con el fin de derrocar las autoridades legalmente
establecidas, amparándose en una falaz “lucha contra la corrupción”, se
criminaliza proyectos políticos de transformación. Así se entiende el
supuesto “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio” para Venezuela, el
cual asesorado por el Departamento de Estado de EE.UU. emite una orden
de arresto contra el actual presidente, Nicolás Maduro, acusándolo de
una participación directa en un esquema de corrupción, el uso indebido
de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Se conoce claramente que la USAID (Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional), conectada al centro de torturas Escuela
de Las Américas, asesora a gobiernos latinoamericanos para "reformar"
sus aparatos jurídicos, participando de la guerra no convencional. El
trabajo con Ministerios Públicos, Procuradurías Generales y Fiscalías de
la región colonizada es absolutamente condicionado.
La razón sigue siendo la misma: quien se oponga a su política de
expoliación hay que exterminarlo por los canales que sean necesarios.
Por este mecanismo, las transnacionales emplean el aparato de justicia,
las agencias de inteligencia, las fuerzas armadas, el poder electoral y
mediático, para adueñarse del continente.
Lo confirma la detención de Lula Da Silva. ordenada por el juez Sergio Moro, cabeza de la investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, quien el 2009 recibió entrenamiento en EE.UU.
La conclusión es obvia: duele al mundo que en Colombia se extermine a
líderes transparentes, que en México muera la niñez, que en Venezuela y
Nicaragua existan bandas ultraviolentas, que en diversos países sus
dirigentes no escuchen el clamor del pueblo. Sin embargo, del aumento en
la conciencia crítica, el avance movilizador y la denuncia cada vez más
fuerte, proveerá el imperioso amanecer de una América libre y feliz.