El Célebre documento dictado por Simón Bolívar y dado a conocer en la ciudad de Trujillo, el 15 de junio de 1813. La Proclama de guerra a muerte,
fue la respuesta de Bolívar ante los numerosos crímenes perpetrados por
Domingo de Monteverde, Francisco Cervériz, Antonio Zuazola, Pascual
Martínez, Lorenzo Fernández de la Hoz, José Yánez, Francisco Rosete y
otros jefes realistas luego de la caída de la Primera República. La
matanza de los republicanos por parte de los jefes españoles llegó a
extremos tales de provocar el rechazo de personajes adictos a la causa
monárquica. Uno de ellos fue el abogado fue el abogado Francisco de
Heredia, oidor y regente de la Real Audiencia de Caracas, quien pidió en
distintas formas que cesaran las ejecuciones, lo cual no sucedió. Según
el testimonio del propio Heredia relatado en sus Memorias, un
fraile capuchino de las misiones de Apure que actuaba como uno de los
partidarios de Monteverde, exhortó en una ocasión «... en alta voz a los
soldados, de siete años arriba, no dejasen vivo a nadie...» Bolívar en
su Campaña Libertadora de 1813 recibió información de la consumación de
hechos como el relatado por Heredia, lo que le llevó a expresar el 8 de
junio en Mérida: «Nuestro odio será implacable y la guerra será a
muerte».
Al pronunciamiento de Bolívar del 8 de junio siguió la proclama el 15 de junio en Trujillo del Decreto a muerte el
cual termina de la manera siguiente: «...Españoles y canarios, contad
con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en
obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida,
aun cuando seáis culpables». En una primera instancia esta manifestación
fue considerada por Bolívar como ley fundamental de la República, que
luego ampliaría y ratificaría en el cuartel general de Puerto Cabello,
mediante una proclama del 6 de septiembre del mismo año 1813, acto que
según algunos historiadores puede ser considerado como un «Segundo
Decreto de Guerra a Muerte». Posteriormente, cuando en el segundo
semestre de 1813 aparecen en escena José Tomás Boves y Francisco Tomás
Morales, la matanza se hace más intensa por parte de los realistas y la
respuesta de los republicanos es radicalizar la aplicación de la «guerra
a muerte». Derivado de esto se produjo la ejecución de los presos
españoles y canarios de Caracas y La Guaira ordenada por Bolívar en
febrero de 1814. En este último año la «guerra a muerte» se recrudece,
perdiéndose numerosas vidas de ambos bandos. Asimismo, es en este
contexto de destrucción en el que cae la Segunda República.
Entre los años 1815, 1816 y 1817 la «guerra a muerte»
se extiende a la Nueva Granada, en donde el general Pablo Morillo la
ejecuta con la mayor crueldad. Entre las numerosas víctimas de Morillo
se pueden destacar el científico Francisco José de Caldas, los
estadistas neogranadinos Camilo Torres y Manuel Rodríguez Torices y los
patriotas venezolanos Andrés Linares y Francisco José García de Hevia. A
pesar de haber sido Bolívar el autor del decreto de guerra sin cuartel,
en varias ocasiones consideró la posibilidad de la derogación de dicho
instrumento. En tal sentido, en su proclama de Ocumare del 6 de julio de
1816, expresó que: «...La guerra a muerte que nos han hecho nuestros
enemigos cesará por nuestra parte: perdonamos a los que se rindan,
aunque sean españoles. Ningún español sufrirá la muerte fuera del campo
de batalla»; lo cual obviamente buscaba humanizar la contienda militar.
Finalmente, el 26 de noviembre de 1820 se celebró en Trujillo, en el
mismo lugar donde se proclamó la «guerra a muerte», el Tratado de
Regularización de la Guerra, el cual derogaba el decreto de 1813.