La situación que enfrenta la población venezolana en relación con el nivel salarial ha alcanzado un punto crítico.
Desde el último aumento salarial decretado en marzo de 2022, que estableció un sueldo mensual de Bs 130, equivalente a $30, la población ha permanecido atada a este salario durante 21 meses.
Durante este tiempo, el valor de estos Bs 130 ha disminuido en un 88% en términos de dólares, pasando a representar apenas $3,62.
Este deterioro del poder adquisitivo se produce en medio de un contexto inflacionario, en el que los precios continúan aumentando tanto en dólares como en bolívares.
Los venezolanos que perciben este ingreso salarial ven cómo su poder adquisitivo disminuye mientras los precios de los productos siguen en aumento.
A pesar del ajuste anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 1º de mayo de 2023 para los bonos entregados a través del sistema patria, que elevó los ingresos en torno a los $70 para los beneficiarios de estas asignaciones, estos montos no llegan a toda la población y no tienen un impacto directo en los salarios.
Para la mayoría de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo, este solo representa menos del 4% de su pago total, mientras que los cestatickets corresponden al 39% y el principal componente es el bono de guerra económica, con el 57%.
Esto subraya la necesidad imperiosa de un aumento salarial real para la población venezolana en 2024.
La ausencia de dicho aumento ha provocado un notable malestar en la población laboral del país, como lo demuestran los 2.565 conflictos laborales registrados por el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, la mayoría de los cuales estuvieron vinculados a demandas de salarios dignos.
Esta situación, que ha perpetuado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, requiere una pronta atención, pues afecta a una amplia masa laboral del país, estimada en más de 4 millones de venezolanos empleados en la administración pública.