La designación de las nuevas Rectoras y Rectores del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023 constituye un paso importante en la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país, especialmente de miras a las próximas elecciones presidenciales a realizarse el año entrante.
Estimamos que esta decisión de la Asamblea Nacional entraña una contribución importantísima para la preservación de la paz pública de nuestro país, pues orienta y acerca a nuestro Pueblo a definir su futuro y resolver sus diferencias en el marco del sistema democrático y los procesos electorales pautados en el ordenamiento jurídico.
El proceso para la designación de las nuevas autoridades del Poder Electoral se ajustó estrictamente a las normas constitucionales y legales previstas a tal efecto, que permiten garantizar su transparencia y la participación ciudadana. Desde Asociación Venezolana de Juristas tuvimos la oportunidad de intervenir en nuestra condición de organización de la sociedad civil en la postulación de candidatas y candidatos, así como en el ejercicio de la contraloría social, en apego a los artículos 62 y 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por este motivo, podemos atestiguar y dar fe del talante democrático y participativo de este proceso, así como del riguroso cumplimiento de las normas que lo regulan.
Desde la Asociación Venezolana de Juristas expresamos nuestro júbilo porque las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral fueron designadas por el voto favorable de todas las organizaciones políticas que hacen vida y tiene representación en la Asamblea Nacional, lo que permite constatar que a través del diálogo, el reconocimiento mutuo y la tolerancia, es posible construir más y mejor democracia, fortalecer la convivencia solidaria y asegurar la paz social.
Hacemos un llamado a las nuevas Rectoras y Rectores del Consejo Nacional Electoral a comenzar a la brevedad a crear todas las condiciones jurídicas, políticas y sociales para garantizar el próximo evento electoral presidencial del año 2024, para asegurar la mayor participación ciudadana posible, en un contexto de libertad y transparencia democrática. En este sentido, albergamos la esperanza que se mantengan y amplíen los espacios y mecanismos de participación de las organizaciones sociales en la gestión pública del Poder Electoral, en aras de consolidar la democracia directa, participativa y protagónica desarrollada en nuestra Carta Magna.