Julio Ramos
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Guárico. VALLE DE LA PASCUA.- Representantes de la
comuna Antonio López, conformada por 18 Consejos Comunales se trasladaron desde
la población de Zaraza hasta la cuidad de Valle de la Pascua, con la finalidad
de interponer varias denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo, ya que según sus declaraciones están siendo amenazados de muerte por funcionarios
pertenecientes al Cicpc de la subdelegación de Zaraza.
"Hoy estamos emprendiendo el rescate en unos predios que nosotros hemos considerados ociosos y que estos predios fueron denunciados en los distintas oficinas municipales y regionales del INTTI. A cargo de Rubén María Urbaneja, quien visitó los predios el 20 de septiembre y esta “visita”, no dio resultados”, manifestó Juan Fernández, representante del órgano ejecutivo.
Estos
campesinos integrantes de la Comuna manifestaron que, en la actualidad están
siendo no solo amedrentados, amenazados de muerte además, manifiestan que la
autoridades tanto municipal como regional de la institución agraria no les da
respuesta a la problemática y a la toma simbólica de las presuntas tierras
ociosas.
El colectivo
denunció de manera directa a funcionarios del Cicpc de la subdelegación
zaraceña, que habían amenazados de culpar a los integrantes de la comuna del
robo de un ganado y de abigeato si no desistían de la ocupación de dichos
predios, entre ellos Cují Negro, ubicado en la Parroquia San José De Unare, el segundo
predio es Machuquero y el ultimo Los Ranchos, a estos lo separa una vía agrícola.
Estas tierras están ubicadas a 8 kilómetros de Zaraza.
Fernández, indicó que son aproximadamente 920 hectáreas donde están ubicadas estas unidades de producción familiar y que en estos momentos están siendo amenazados, “nosotros presumimos una parcialidad con los apoderados de la finca en estado de abandono, nosotros no estamos pretendiendo tomar posesión de fincas productivas eso que quede claro, estamos utilizando las disposiciones legales de la Ley de Tierras y haciendo uso de los lineamientos que nos da nuestra Constitución y nuestro presidente Nicolás Maduro, solo queremos trabajar y producir para nuestro país”, afirmó.
Continuó diciendo “Las tierras que nosotros estamos pretendiendo son utilizadas para ser arrendadas y de allí vienen las amenazas del dueño de una de las fincas que esta productiva. Esto amparado en los funcionarios de la policía científica que no tiene potestades para ejercer estas acciones de desalojo estas órdenes las emite un tribunal agrario, también denunciamos las demoras de los resultados de la inspección que se realizó el día 20 septiembre”. Afirmó.
Los integrantes de esta comuna señalaron que hacen responsables a estos funcionarios del Estado por la integridad física y exhortaron a las autoridades a darle celeridad a este caso, por su parte Yolimar Armas, integrante de la comuna declaró “nosotros debemos dejar claro de que todo lo que nos suceda hacemos responsable al apoderado de los predios ya que él nos acuosa de fingir un robo parta después acusarnos de abigeato, esta amenaza la hizo en las instalaciones del Cicpc”, concluyó.
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