Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 26 de agosto para votar la consulta anticorrupción, una iniciativa con la que se busca combatir la corrupción en el sector público del país y que ha dividido a varios sectores políticos.
La consulta popular tendrá como principal reto vencer la abstención y superar los 12,140,342 votos, cifra que equivale a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral.
La tarea no parece nada fácil y sus opositores, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe y varios congresistas del Centro Democrático, han argumentado que hay otras formas de combatir la corrupción en el sector público sin necesidad de gastar más de 300,000 millones de pesos colombianos ($100 millones).
Sin embargo, los promotores de la consulta afirman que solo con reducirle el sueldo a los congresistas el país se ahorraría 213,000 millones de pesos anuales (aproximadamente $70 millones).
“Es ilógico que nos saquen cada año más impuestos para tapar el hueco de la corrupción. La Consulta Anticorrupción es justamente para parar con el abuso al ciudadano de a pie y ponerle freno a los corruptos”, dijo en Twitter Claudia López, ex senadora del Partido Verde y una de las promotora de la propuesta.
La iniciativa se convirtió en uno de los temas en los que han diferido el presidente Iván Duque y Uribe. Mientras el mandatario ratificó su respaldo a la propuesta argumentando quees “tarea de todos los colombianos acabar con esa vagabundería [la corrupción]”, el ex presidente y senador ha dicho que su partido no la apoyará porque prefiere respaldar proyectos anticorrupción en el Congreso.
El rechazo de Uribe es tal que en una conversación privada con legisladores de su partido solo minutos después de que se posesionara Duque en la Presidencia, celebró que el nuevo mandarario “no se metió con eso de la consulta anticorrupción” en su discurso de investidura.
Sin embargo, Duque salió una semana después a defender la iniciativa y ratificó el respaldo que ya había anunciado en su campaña por la presidencia.
Los colombianos recibirán este domingo 26 en los puestos de votación de todo el país (las votaciones en el exterior se abrieron desde el lunes pasado al domingo 26) un tarjetón con siete preguntas, las cuales deberán marcar con “Sí” o “No”.
La consulta anticorrupción será aprobada solo si el “Sí” tiene la mitad más 1 de los votos y este sería el impacto en el sector público:
1. Reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir pasaría de 31,249,680 de pesos mensuales ($10,000) a 19,531,050 ($6,500).
2. Los condenados por corrupción no podrán tener beneficios de prisión en sitios especiales y tampoco podrán volver a contratarse con el Estado.
3. Todas las entidades públicas y territoriales deberán utilizar pliegos tipo (condiciones estandarizadas) para celebrar todo tipo de contratos.
4. La ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.
5. Los congresistas y funcionarios públicos deberán rendir cuentas sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares.
6. Los funcionarios que son elegidos por voto popular tendrán la obligación de hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.
7. Se establecerá un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas, los concejos y las Juntas Administradoras Locales.