La petrolera venezolana PDVSA apeló una decisión
federal de EE.UU. que permite a uno de sus acreedores apoderarse de su
filial norteamericana Citgo Petroleum.
La estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) recurrió la sentencia del juez federal estadounidense
Leonard Stark, quien dictaminó el jueves que la compañía minera
canadiense Crystallex se cobre una multimillonaria deuda de 1200
millones de dólares del Gobierno venezolano. Esta orden judicial aumenta
la probabilidad de que PDVSA pierda el control de un activo externo
valioso en medio de la crisis económica y política por la que atraviesa
la nación suramericana.
El juez rechazó el argumento de PDVSA, que alegó que es una entidad
independiente del Gobierno venezolano y que no debería ser considerada
responsable de las deudas del país. Sin embargo, el magistrado favoreció
la afirmación de Crystallex de que Citgo (con sede en Texas, en EE.UU.)
es un alter ego del Gobierno.
Aunque la orden fue emitida el jueves, se ordenó a los representantes
de Crystallex y Venezuela deliberar dentro de una semana y reunirse de
nuevo con el juez, por lo que las acciones de Citgo no se transferirán
inmediatamente a la minera canadiense.
El fallo a favor de Crystallex International Corp. podría abrir la
puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de
Venezuela, que junto a PDVSA ha sido declarado en default parcial por varias calificadoras de riesgo.
Estados
Unidos está considerando sanciones financieras a Venezuela que
detendrían los pagos en dólares por el petróleo del país
latinoamericano, según fuentes.
Todo este asunto se remonta a 2011, cuando el fallecido presidente
venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había sido concedida a
Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo
alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y PDVSA,
autorizó a fines de julio que ciudadanos o entidades estadounidenses
puedan realizar algunas transacciones sobre los papeles de la estatal
petrolera que vencen en 2020. Esta excepción permitiría a los tenedores
de bono cobrarse el colateral sobre el posible impago, complicando aún
más las finanzas de la petrolera venezolana.
El Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, dice que los
problemas económicos del país se deben a la caída de los precios del
petróleo y, sobre todo, a la “guerra económica” de EE.UU.,
con ayuda de la oposición venezolana, para desestabilizar el país
caribeño mediante una estrategia basada en desabastecimiento,
especulación y acaparamiento.