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Repitamos cosas sabidas sólo para saber que las sabemos.
La victoria del 20 de mayo es el cuarto
cheque en blanco que el pueblo le expide al sistema político para que
haga lo que debe hacer.
Es generoso cheque, con 5.823.728 votos a
favor de Maduro, el 67,8% de los votantes, el 31,7% del padrón
electoral y 47 puntos de ventaja sobre el más cercano contendor.
Pero es un cheque que rebaja el elevado
cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de
que el talonario puede ser limitado.
Es voto de confianza, expedido en duras y
amargas condiciones de escasez e inseguridad, suscrito para que se las
resuelva, y no para que se las ignore o sirvan como promesas de la
próxima campaña.}
El pacto de Punto Fijo se hundió con los
partidos que lo suscribieron en 1958, porque pretendió reducir el debate
político a candidaturas y planchas.
Ya tenemos bastante de planchas y candidaturas: queremos soluciones.
Urgimos la aniquilación de la legión de
bachaqueros multimillonarios, medianos y artesanales que trafican a la
luz pública con bienes subsidiados y necesidades populares.
Queremos que de una vez por todas se cierre o
por lo menos se controle exhaustivamente una frontera por donde se
desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa.
Urgimos que se aplaste el aparato paramilitar
que desde principios de siglo perpetra el terrorismo y la Guerra de
Cuarta Generación.
Solicitamos que se establezca
constitucionalmente para aquellos que tienen varias nacionalidades la
lealtad exclusiva hacia Venezuela y que las acciones contra ella sean
penalizadas como traición a la Patria.
Aspiramos a que se publique la lista de
empresarios y empresas que desaparecieron 60.000 millones de dólares
preferenciales en importaciones fantasmas e impulsan la guerra
económica, o el nombre de quien oculta el listado y sus motivos.
Anhelamos que se impida la multiplicación
fantasiosa de los precios, imponiendo un sistema universal digitalizado
de contabilidad que obligue a las empresas a revelar costos de
producción y márgenes de ganancia.
Exigimos un control informatizado previo,
concomitante y posterior del ingreso y el gasto público, que fiscalice
el cumplimiento de las metas y programas previstos para ministerios,
institutos autónomos, fundaciones, empresas y propiedades del Estado,
estados, municipios, alcaldías y consejos comunales, y establezca
responsabilidades administrativas, civiles y penales por su
incumplimiento injustificado.
Impetramos que la explotación de los recursos
naturales se realice en lo posible con recursos propios o empresas
donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la
materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se
realicen sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad
técnica y financiera y presenten expedientes irreprochables de
relaciones con el Estado; y que en los acuerdos con empresas extranjeras
no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de
impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de sometimiento a
tribunales extranjeros ni créditos ni otorgamientos de recursos que no
rigen para las nacionales.
Demandamos que se respete rigurosamente el
artículo 301 de la Constitución, según el cual “No se podrá otorgar a
personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos
que los establecidos para los nacionales”, o que en homenaje al
irrenunciable nacionalismo bolivariano se sancione una norma más
exigente todavía.
Reclamamos que se aplique el principio de
territorialidad de la renta y que se denuncien los infames Tratados
contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y
personas extranjeras dejan de pagar 17.800 millones de dólares anuales
en impuestos, mientras que los venezolanos sí debemos pagar impuestos
para facilitarles su gestión económica.
Demandamos la expulsión inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas neoliberales.
Reclamamos que las reivindicaciones
anteriores no figuren como promesas para elecciones venideras, ya que
deberían estar resueltas con el sólido piso político de la plenitud de
poderes constitucionales y jurídicos que le ha conferido el pueblo al
gobierno en las últimas consultas.
Señalamos que el repunte del crudo venezolano
a 67,15 $ por barril vuelve a dotar al bolivarianismo de piso
económico para recuperar la producción, y de medios para asegurarnos
un presente tolerable y un espléndido futuro.
Recordamos que cuando el gobierno se muestra
incapaz de atender las demandas de los gobernados, la crisis económica y
social deviene crisis política.